Revista Contrapunto N°4. Seguridad contra la pared


Editorial.

Inseguridad, violencia y criminalidad son términos que se han hecho familiares en el escenario político y en la vida cotidiana. La sensación de inseguridad de buena parte de la población ha modificado actitudes, modos de vida y formas de relacionarse con la ciudad y con sus pares. La demanda de seguridad ha impactado en el sistema político, como lo demuestra que este año se someta a referendo la disminución de edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. La seguridad es, sin embargo, una construcción política en la que están involucrados muchos actores. En la sensación térmica de inseguridad inciden, como suele señalarse, los medios de comunicación que recogen y amplifican los hechos delictivos con la intención de generar alarma entre la población. Una vez instalada esa sensación en la opinión pública, los políticos surfean en la ola de temor, prometiendo más represión y más medidas de control. Los recientes “linchamientos” de supuestos delincuentes en Argentina, deberían servirnos como advertencia sobre las consecuencias dramáticas de fomentar el miedo colectivo. Pero no podemos obviar que la demanda de mano dura atraviesa a todos los partidos y corrientes ideológicas, nace en las profundidades de la vida colectiva y tiene asideros en la realidad. El clima de inseguridad no es sólo una sensación creada por medios y aprovechada por políticos. Es síntoma, probablemente, de una sociedad cuyos vínculos horizontales se han atrofiado y que no puede sino pensar la seguridad como una intervención externa, en general exigida al estado, que no hace sino evidenciar la impotencia del lazo social para reparar los daños que los mismos lazos han generado. Por otro lado, la seguridad es una construcción política. Se trata de una tecnología de poder, como señalara Michel Foucault, orientada a conjurar los peligros internos que pueden alterar los equilibrios de una población dada en un territorio dado. En ese sentido, habría que modificar las preguntas apuntando hacia los beneficiarios del clima inseguridad. ¿A qué intereses conviene una población temerosa, desconfiada de sus semejantes, enrejada en sus casas, socializada sólo a través del consumo? Las respuestas están abiertas en un debate que apenas comienza. En la sección Uruguay presentamos cuatro trabajos. Rafael Paternain abre la sección con pormenorizado análisis de las políticas de seguridad durante los dos gobiernos de Frente Amplio, destacando los cambios y virajes entre la gestión de Tabaré Vázquez y la de José Mujica. Le sigue el trabajo de Ana Juanche y Gianni Di Palma sobre la reciente profundización del estado punitivo focalizado en los pobres urbanos. Mariana Mosteiro y Mauro Tomasini abordan el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal desde una mirada centrada en el control social. Cierra la sección un relato analítico sobre la situación represiva en el barrio Santa Catalina por una habitante de allí, Verónika Engler. Las formas comunitarias de defensa ante los más diversos actores violentos, es el tema de la sección América Latina. La Guardia Indígena del Cauca colombiano y las brigadas de vigilancia de la comunidad de Acapatzingo en el Distrito Federal de la ciudad de México, son el tema de la apertura de la sección. Raphael Hoetmer recrea la historia de las rondas campesinas de la región andina peruana y el papel que juegan en estos momentos frente a la presencia amenazadora de la minería multinacional. Florencia Mercado analiza el nacimiento y desarrollo de la Policía Comunitaria de Guerrero (México) como forma de contener la violencia de los grupos ligados al narcotráfico. El colectivo Mujeres en Lucha del Movimiento Popular La Dignidad de Buenos Aires, revela la capacidad de la organización colectiva femenina como proveedora de autoprotección en situaciones de violencia machista y policial. Por último Sergio Job detalla los cambios en la legislación en la ciudad de Córdoba que permiten la expansión del “estado policial”. Dos análisis integran la sección Debates en la Coyuntura. El sociólogo Lincoln Secco actualiza la categoría de “democracia racionada”, del dirigente guerrillero Carlos Marighella para dar cuenta de la coyuntura brasileña posterior a la masiva irrupción juvenil durante las manifestaciones de junio de 2013, que además de modificar el clima político mostraron las limitaciones del sistema político. La masiva deserción de las urnas de la mayoría de los chilenos en las últimas elecciones presidenciales, es analizada por cuatro académicos y activistas chilenos, Juan González, Marcelo Reyes, Rodrigo Sánchez y Mario Sobarzo. Cierran esta edición dos trabajos en la sección Los movimientos debaten. Lucía Elizalde y Diego Castro, mediante una entrevista en profundidad con un dirigente del sindicato de la construcción, proporcionan elementos para reflexionar sobre la iniciativa del Sunca de integrar a jóvenes provenientes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) a la plantilla de trabajo como peones. Miembros del Movimiento 26 de Junio de Rosario, Argentina, reflexionan sobre el impacto de la crisis de seguridad pública en los territorios donde trabajan los movimientos sociales. Creemos que este conjunto de trabajos pueden contribuir a profundizar el debate en curso sobre la seguridad, así como el papel que pueden jugar los movimientos sociales en el mismo.

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